| dc.description.abstract | Chile ha experimentado cambios trascendentales en materia ambiental durante las últimas décadas, motivado por la necesidad de adecuar la legislación nacional a los estándares internacionales producto del fenómeno de contaminación que afecta al ambiente a nivel global.
Y es así, como en este entendido, fue modificándose progresivamente la institucionalidad ambiental chilena, vivimos la transición de observar como el derecho ambiental cobra cada vez más auge en nuestro país, existiendo incluso un consenso en la conciencia de las personas que debe impartirse un respeto y protección al medio ambiente.
Si bien, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación constituye una garantía personal inserta en nuestra Constitución Política de la República desde 1980, recién en los últimos años el legislador ha realizado esfuerzos considerativos para generar los instrumentos en el plano formal y sustantivos que permitan que tal garantía fundamental se cumpla. Así, hemos sido testigos de la creación del Servicio de Evaluación Ambiental, en el año 2010, organismo que reemplazó a la otrora CONAMA y COREMA creándose además la Superintendencia del Medio Ambiente y los Tribunales Ambientales.
Sin embargo, en ocasiones, las autoridades administrativas como judiciales al momento de tomar decisiones con componentes ambientales encuentran vacíos legales que impiden la adopción de medidas más eficaces.
Pues, precisamente pareciera ser que el concepto de riesgo ambiental se encuentra en la categoría mencionada anteriormente, ya que, si bien es un término ampliamente utilizado a nivel doctrinario, administrativo como judicial, se evidencia un escaso tratamiento legislativo del mismo.
Así, el objetivo general del presente trabajo fue analizar el concepto de riesgo ambiental en la jurisdicción chilena, desde un punto de vista doctrinario y jurisprudencial con la finalidad de contribuir, al término del mismo, en la elaboración de un concepto más completo de riesgo ambiental, acogiendo lo existente, pero que en definitiva conjugue el aspecto técnico ya reflejado en la Ley 20.551 con el omitido aspecto jurídico en el plano legislativo nacional.
Para ello se realizó una búsqueda y análisis a nivel legislativo, doctrinario y jurisprudencial, lo cual se tradujo en recopilación y estudio de la legislación vigente en materia ambiental, revisión de opiniones de autores, entrevistas y análisis de sentencias emanadas de los Tribunales Ambientales chilenos y de la Excelentísima Corte Suprema.
Desde el estudio se encontró la efectividad de los vacíos legales en torno al concepto de daño ambiental, pese a su amplia utilización en sede administrativa como judicial, siendo un tema de interés a nivel nacional e internacional, por lo que es posible contribuir, al menos doctrinariamente a crear un concepto que conjugue el aspecto técnico con el jurídico. | es_CL |
