Dr. García-Odgers, Ramón

El entendimiento contemporáneo que los objetivos de calidad, costos y duración de los procedimientos civiles deben tener una igual consideración envuelve un cambio del paradigma tradicional controvertido en la doctrina procesal latinoamericana. Este artículo describe sintéticamente cómo se ha ido consolidando un nuevo paradigma sobre los objetivos del proceso civil de enfoque tridimensional, el contenido de cada una de sus dimensiones, sus interrelaciones y problemáticas, lo que se asume de especial importancia en tiempos de reformas a la justicia civil.

Las exigencias sociales y políticas que recaen sobre los sistemas de justicia y los desafíos que estos deben enfrentar en una época específica determinan la respuesta al crucial problema de la conducción del proceso civil. En esta perspectiva, este trabajo describe someramente aquellas exigencias y desafíos contemporáneos de los sistemas de justicia que han generado un nuevo paradigma en la conducción de los procedimientos, que la doctrina y el derecho procesal comparado denominan case management o judicial case management. Junto con esbozar los rasgos centrales de este nuevo paradigma, se demuestra cómo sus alcances implican la superación del paradigma del juez director del proceso.

El objetivo central de este trabajo será analizar la proporcionalidad como un principio que orienta la distribución de los limitados recursos del sistema de justicia, prestando especial atención a su incidencia en materia probatoria y al rol del juez que ello supone. Se trata de una reevaluación del balance que cada sistema procesal realiza entre corrección de la decisión, la duración del procedimiento, sus costos, y todo ello, teniendo presente la gran masa de justiciables. Esta revalorización del principio de proporcionalidad en la justicia civil viene a tensionar algunas premisas tradicionales del derecho probatorio, de los procedimientos y del rol de los actores legales.

En materia de conciliación el sistema de justicia chileno es de contrastes. Por un lado, en el funcionamiento de la justicia civil la conciliación cumple un rol prácticamente insignificante en términos estadísticos, lo que la diferencia de los sistemas reformados en materia laboral y de familia, donde su uso es masivo. Por otro lado, el derecho procesal comparado muestra como las salidas negociadas en el proceso civil -destacando, entre ellas, la conciliación judicial- tienen un rol cada vez más relevante, generando una profunda discusión acerca de una cultura de los acuerdos. Nada de esto ocurre en nuestro derecho procesal civil. Sin embargo, una reciente reforma al Código de Procedimiento Civil incorporó el artículo 3 bis, que estableció un deber general de todos los actores de promover las salidas autocompositivas, posicionando al sistema de justicia civil chileno en la misma dirección que el derecho comparado. En este artículo nos preguntamos hasta qué punto nuestro sistema de justicia sigue las tendencias comparadas en materia de métodos alternativos/apropiados de solución de conflictos, y, en particular, qué obstáculos puede enfrentar la implementación y aplicación del art. 3 bis del Código de Procedimiento Civil. Esta reflexión se construye contrastando el funcionamiento de la conciliación en los tribunales civiles, con su funcionamiento en los procedimientos reformados, el desarrollo de este asunto en la experiencia comparada y algunos de los diversos desafíos que debería sortear nuestro país para sumarse adecuadamente a esta tendencia transversal.

Una perspectiva evolutiva de los principales hitos normativos que demarcan el surgimiento del judicial case management en Europa, permite constatar que el mayor control judicial sobre la litigación civil, como herramienta de eficiencia, constituye una tendencia muy consistente. Las mayores responsabilidades asignadas a los jueces han generado una transformación y ampliación del rol que tradicionalmente se les ha asignado, lo que se justifica en cambios de la filosofía sobre los fines del proceso.

La prueba es un problema común y decisivo en los juicios de los consumidores, ya sean individuales o colectivos. Si bien se han introducido gradualmente varias reglas y mecanismos probatorios para equilibrar las diferencias entre los litigantes, su efectividad ha sido limitada, ya que todavía existe un contexto normativo, teórico y práctico que tiende a limitar los efectos que tales mecanismos y reglas promueven. Este contexto no ha sido adecuadamente estudiado en el entorno chileno. El objetivo de este texto es dar cuenta de este contexto, los diferentes niveles en los que opera y las disfuncionalidades que genera, para luego sugerir algunas bases conceptuales y debatir algunas propuestas que permitan avanzar en la construcción de una ley que cuide las particularidades de la relación de consumo. La metodología utilizada La metodología utilizada es mayoritariamente analítica en cuanto al estudio de las normas, su modificación y también al análisis jurisprudencial. En conclusión, se presentan algunas propuestas para eliminar obstáculos normativos, teóricos y prácticos al desarrollo de la actividad judicial en el campo de la prueba más funcional. a los objetivos del proceso de consumo. Una primera alternativa sería el desarrollo de un código procesal de consumo, que proporcione autonomía teórica y normativa para el procesamiento en esta área. Otra propuesta sería llevar un paso más allá la especialidad en esta materia, creando así tribunales dedicados exclusivamente a la resolución de conflictos de consumo. Sin embargo, hay una tercera alternativa que parece más viable y perfectamente compatible con la creación de una legislación completa y coherente, aunque quede en manos de los jueces generales. Tal solución consistiría en introducir la noción de gestión de casos como un vehículo conceptual que modifica y ofrece nuevos paradigmas sobre la comprensión del papel de los jueces dentro del proceso, cambiando eventualmente la cultura jurídica de los operadores de justicia.